• CIDH: Nicaragua “se cierra al escrutinio internacional”

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    MANAGUA (AP) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó este domingo la prohibición del gobierno de Nicaragua al ingreso de una comisión de la OEA creada para contribuir a una solución negociada de la crisis política que persiste desde 2018.

    “Lamentamos sinceramente que el Estado de Nicaragua se cierre al escrutinio internacional, tanto de instancias políticas como de la comisión de la OEA y órganos de protección internacional”, declaró a The Associated Press la comisionada Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH.

    El gobierno de Daniel Ortega prohibió el sábado el ingreso de siete funcionarios de la Organización de Estados Americanos, incluyendo cinco miembros de la comisión especial creada para dar seguimiento a la crisis, quienes tenían previsto llegar el lunes a Managua para reunirse con autoridades y representantes de la sociedad civil.

    La comisión debe presentar su informe al consejo permanente de la OEA en noviembre.

    "Esta era una misión política de diálogo y su objetivo era colaborar en establecer un diálogo político. Es lamentable que el gobierno de Nicaragua haya rechazado la misión”, insistió Urrejola.

    Dijo que si bien el gobierno de Ortega no votó a favor de la comisión, Nicaragua “se sometió libre y soberanamente a los órganos de protección de Naciones Unidas y del sistema interamericano”, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la CIDH.

    El gobierno de Nicaragua no ha confirmado ni desmentido la autenticidad de una supuesta carta enviada por el director de migración a los gerentes de estación de aerolíneas internacionales, comunicando la “inadmisión de entrada” para los cinco miembros de la comisión.

    El mismo domingo la comisión emitió un comunicado en el que expresó su “malestar” por la decisión del gobierno nicaragüense y manifestó que seguirá adelante “con las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y derechos humanos en Nicaragua”.

    También instó al gobierno nicaragüense “a revisar su posición y permitirle el ingreso al país”.

    Por su parte, la cancillería de Argentina emitió un comunicado de “condena” a la prohibición de ingreso de la comisión de la OEA a Nicaragua, y la calificó como “un hecho de inusitada gravedad”.

    La CIDH documentó las protestas y concluyó que la acción policial y de paramilitares contra manifestantes dejó 328 personas muertas, incluyendo 24 niños y adolescentes, mientras que 120 permanecen detenidas y otras 76.000 huyeron hacia países vecinos.

    “No será posible la reconciliación y la paz en el país mientras continúe un discurso ‘negacionista’ de lo sucedido”, añadió Urrejola en alusión al conflicto que se inició con protestas sociales contra Ortega hace 17 meses.

    Urrejola instó a “reconocer la gravedad de la situación como primer paso para avanzar a la reconciliación, y la importancia del acompañamiento de los organismos internacionales para generar confianza y prestar asistencia técnica” a Nicaragua.

    En 2018 el gobierno de Ortega retiró del país a la misión de la Alta Comisión de Derechos Humanos, al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por considerar que sus informes sobre Nicaragua eran “sesgados” y “parcializados”.

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