RALEIGH, Carolina del Norte — Legisladores republicanos en Carolina del Norte buscan avanzar un controvertido proyecto de ley que obligaría a alguaciles de los condados a verificar el estado migratorio de personas arrestadas y retenerlas hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tome custodia de ellas. No obstante, las probabilidades de una promulgación parecen ser las mismas que en 2019, cuando el gobernador demócrata Roy Cooper bloqueó con éxito una medida similar.
Una mayoría en el Comité Judicial del Senado votó el martes a favor del proyecto de ley republicano, que en gran parte sigue la misma línea de una medida de hace dos años Cooper vetó. Este tipo de proyectos de ley son una respuesta a la decisión de alguaciles afroamericanos demócratas en varios condados urbanos del estado que dejaron en claro que no colaborarían de forma estrecha con ICE como pide el proyecto de ley.
“Somos una sociedad respetuosa de la ley”, dijo el senador Chuck Edwards, republicano del condado de Henderson y copatrocinador del proyecto de ley, después de la votación del comité. “Y creo que los ciudadanos insistirían en que varias agencias de aplicación de la ley cooperen juntas para asegurar que las leyes se cumplan y que los criminales sean llevados ante la justicia”.
La propuesta, que ahora pasa a otro comité, obliga a los alguaciles y otros administradores de cárceles a verificar el estado migratorio de cada persona acusada de delitos graves relacionados con drogas o delitos violentos, y retener a cualquier acusado sujeto a una orden de retención de ICE. Los agentes federales tendrían 48 horas para recoger a los reclusos, o de lo contrario pueden ser liberados bajo cualquier fianza que reciban.
La mayoría de los 100 alguaciles del estado cumplen con las órdenes de detención, pero grupos que abogan por los derechos civiles dicen que estas no son órdenes de arresto, por lo que pueden ser ignoradas, como hacen los alguaciles en muchos de los condados más grandes. El proyecto de ley intenta abordar eso al requerir que un juez emita un dictamen para mantener al preso bajo la orden de detención en lugar de ordenar al alguacil que actúe unilateralmente.
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, dijo a los senadores que eso no es suficiente. Agregó que los agentes de ICE deberían obtener una verdadera orden de arresto, firmada por un funcionario judicial federal, para detener a alguien, en lugar de colocar la carga administrativa y financiera sobre los alguaciles.
“ICE necesita hacer su trabajo y no esperar que nosotros lo hagamos”, testificó McFadden en línea. Dijo que su agencia ya sigue la ley estatal actual al verificar el estado migratorio de los presos acusados de delitos graves.
Con su veto de 2019, Cooper dijo que el proyecto de ley dificultaría que los alguaciles protejan a los ciudadanos del crimen y que el mandato probablemente sea inconstitucional. Los republicanos no obtuvieron suficientes votos para anular el veto de Cooper. Como hace dos años, los republicanos todavía tienen mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, pero no son a prueba de veto.
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